Los llamados desesperados de una población que no encuentra condiciones de vida para ejercer con plenitud sus derechos, son un indicador inequívoco.
De todos los indicadores para la evaluación de un gobierno, la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo tanto del desarrollo humano, que involucra la interacción de actores y factores directamente relacionados con la estructura del Estado, sus políticas y programas así como la condición interna de los derechos económicos, sociales y culturales; y por lo tanto, es uno de los indicadores de evaluación más objetivos y claros.
En ese contexto, no solo es cuestión de percepción. La vulnerabilidad de la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, por ende, está grave omisión daña la relación básica entre población y gobierno (de ahí el descontento, las marchas, los llamados, la falta de consenso).
En los últimos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha resaltado que en América Latina se tienen los índices de criminalidad más altos del mundo, y que son los jóvenes el grupo más afectado, como víctimas y victimarios, situación que por supuesto debiera obligar al análisis integral y multidisciplinario de las causas políticas, económicas y sociales de esta trágica tendencia.
La falta de efectividad en las políticas públicas encaminadas a asegurar entornos seguros se centra en la carente perspectiva de derechos humanos que se tiene acerca de la seguridad ciudadana. Enfoque que tendría ser central y eje, no sólo para el combate a la delincuencia y el crimen organizado, sino principalmente para la prevención del delito como objetivo central.
Cuando el sentimiento de miedo, inseguridad y violencia inunda el ambiente ciudadano, entonces la investigación y las promesas se vuelven insuficientes.
Se requiere entonces de la operación inmediata de una estrategia enfocada en la protección de la persona que garantice la recuperación de los derechos que son arrebatados al ciudadano con la existencia de la violencia, el crimen y la delincuencia como lo son el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad personal, a la privacidad, a la protección de la dignidad y de la libertad de expresión.
Así mismo, se esperaría la definición de protocolos adecuados para la atención y protección a víctimas del delito y la violencia en todas sus formas y la implementación de estrategias eficientes de medición, prevención y erradicación de patrones nocivos que vulneran la existencia de la seguridad ciudadana.
Hace casi veinte años, durante la Convención de Palermo el sistema de Naciones Unidas analizaba la situación de amplia violencia e inseguridad que prevalecían en Colombia y se definía desde entonces que el surgimiento del crimen organizado (secuestros, extorsión, robo de autos, trata de personas) es resultado de los reacomodos y redefiniciones de los grupos del narcotráfico. De acuerdo a los expertos en seguridad que trabajaron durante esa Convención, la impunidad y el escalamiento de las actividades del crimen organizado pueden reducirse de manera importante y contundente al generarse una política pública que tienda a la eliminación del prohibicionismo y que de manera progresiva favorezca la despenalización de las drogas.
El actual estado que guardan las condiciones de seguridad en el país y en la región obligan al aseguramiento de los derechos ciudadanos, apremia la evaluación de los diversos factores que permitan la mejora de las condiciones y la calidad de vida para la población con miras a reintegrar la certeza en la autoridad y la garantía de la seguridad.
