Es cierto que en México desde hace décadas vivimos permanentemente en crisis, sin embargo, la crisis de derechos humanos por la que hoy atravesamos es ahora una crisis humanitaria, dado que el Estado, desde hace varios años no ha sido capaz de mitigar y mucho menos resolver la grave problemática que aqueja a la población civil y peor aún, que restringe el goce de los derechos más fundamentales del ser humano, la vida, la libertad y la seguridad.
Con la última publicación del Informe realizada por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, queda expuesto un tema relevante y sumamente preocupante, el nivel de impunidad y la gravísima situación que vivimos las mexicanas y los mexicanos actualmente en materia de seguridad. Una alta exposición a riesgos psicosociales con impacto en las conductas individuales y colectivas,
De acuerdo al Informe, son más de noventa mil mexicanas y mexicanos desaparecidos en los últimos años, diez mujeres asesinadas diariamente, catorce menores que desaparecen día a día más allá de las cifras y de la estadística, son personas que debieron ser protegidas por el Estado y sus instituciones.
Según la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General Plenaria de la ONU, las desapariciones forzadas, el traslado forzado, la violación y explotación sexual, así como otros actos inhumanos que ocasionen dolosamente grandes sufrimientos o atenten gravemente la integridad física o la salud mental o física de la población son crímenes de lesa humanidad y por ninguna razón el Estado puede invocar ninguna circunstancia excepcional que justifique su incapacidad para evitar, detener o sancionar estos crímenes.
La indefensión de la población ante las atrocidades cometidas cotidiana y sistemáticamente en el país confirma que la impunidad estructural favorece la reproducción de las desapariciones forzadas. La sociedad civil debe tomar un nivel de participación más pro-activo y propositivo, dejando de lado filias y fobias políticas para incrementar la calidad y nivel de su participación en temas que son de interés de todas y todos.
Hablar de seguridad y participación ciudadana es hablar de responsabilidad social, de ética ciudadana y de vinculación entre gobierno y población, de educación y formación en valores, no sólo desde la academia, sino desde todos los espacios de convivencia e interacción social (incluyendo las empresas).
Cambiar el enfoque de seguridad hacia uno de prevención de riesgos puede ayudar a desarrollar una cultura ciudadana de empatía y solidaridad, en la que se vaya eliminando la polarización y se contribuya al desarrollo de un proyecto cada vez más saludable y viable para la mejora de condiciones de desarrollo humano.
La prevención de riesgos psicosociales es fundamental para procurar ambientes de bienestar.en los que las situaciones y conductas de riesgo estén visibilizadas como parte de una estrategia de seguridad con dimensiones holísticas, multidisciplinarias y transversales en las que se pueda generar una mejora importante en los esquemas de seguridad necesarias para el desarrollo de condiciones de crecimiento y estabilidad.
